UN PAN ACOMODADO.

 

En la toma de protesta protocolaria de Lorenzo Martínez Delgadillo como nuevo líder estatal panista quedó muy evidente la cercanía del líder nacional Ricardo Anaya con el gobernador José Aispuro Torres.

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Los mensajes que se intercambiaron entre ambos políticos fueron en torno a una alianza de facto entre un Gobernador y un presidente nacional de un partido que el próximo año tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Presidencia de la República.

En un acto alejado a las grandes masas a las que estaba acostumbrado Durango con el eterno partido en el poder, el PRI, ahora, si bien hubo una presencia importante de asistentes, no se compara con la movilización de simpatizantes de los priistas.

Y es que el PAN es de cuadros, y seguirá siéndolo, pues ni en los tiempos de la presidencia bajo los panistas lograron desarrollar el acarreo típico de los priistas.

Pero, lo importante a observar no era si había una gran cantidad de asistentes, aquí lo interesante fue observar y escuchar los mensajes intercambiados entre los panistas de cepa y sus liderazgos gubernamentales tanto en el ejecutivo estatal como en la propia alcaldía capitalina.

Estuvo presente el presidente municipal, José Ramón Enríquez Herrera, aun y cuando ha traído en dos ocasiones a Rafael Moreno Valle para presentarlo a los duranguenses como la mejor opción para los comicios del 2018.

Es comprensible pues que Anaya, simplemente haya tomado distancia del alcalde, quien pese a ello estuvo en la mesa de honor, en donde el gobernador Aispuro Torres y Martínez Delgadillo charlaron con el dirigente nacional panista.

En el discurso, de manera implícita, el Gobernador mostró un respaldo hacia Anaya, quien hace un año, cuando fue candidato, le otorgó respaldo del Comité Nacional en el proceso electoral.

La alianza entre el Gobernador y el dirigente nacional panista parece que está sellada como una cuestión de reciprocidad, pues difícilmente el ejecutivo olvidará que Anaya le respaldó cuando fue candidato.

El Consejo estatal panista se antoja como una integración primordialmente del grupo dominante, aunque con concesiones al ejecutivo estatal, así pues de alguna manera se percibe que Martínez Delgadillo mantiene ese respaldo de quienes llegaron junto con Juan Quiñones.

De ahora en adelante, Martínez Delgadillo tiene el gran reto de lograr la renovación de los comités municipales, de articularlos para poder contar con una estructura que pueda permitir competir a su partido en el inminente proceso electoral concurrente.

Para los ciudadanos comunes, las elecciones concurrentes son sumamente positivas, pues se pretende evitar que haya elecciones en todos los años, y en un mediano plazo celebrar procesos conjuntos con las renovaciones federales.

Sin embargo, esa dinámica encierra un gran reto para los partidos, pues por ejemplo, el próximo año en Durango podremos votar por presidente de la república, senadores, diputados federales y diputados locales.

Esto es, la campaña federal seguramente habrá de contagiar la campaña local, y por lo tanto, si algún partido a nivel nacional despega, es muy posible que ese impacto se viva en la elección local.

Por decir, si Morena con Andrés Manuel López Obrador despega, es posible que a nivel local sus candidatos puedan tomar ventaja y se metan a la disputa.

Entonces cada partido político, incluido por supuesto el PAN, tendrá que trabajar fuertemente para intentar conquistar espacios, y en el caso del PRI para buscar retener su control en el Congreso del Estado.

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La división de poderes y otras cosas más se manifestaron el martes en el proceso de ratificación fallido del Fiscal Anticorrupción que se desarrolló en el Congreso del Estado, en una prolongada sesión.

Por una parte, quedó claro que efectivamente el PRI mantiene control sobre el Congreso, aunque no con la disciplina férrea como se llegó a vivir en el pasado, y también se pudo visualizar barruntos de falta de unidad en la bancada del PAN.

El diputado Enrique Benítez Ojeda asumió el protagonismo que le caracteriza y jaló el reflector de los medios de comunicación, antes y durante la sesión en la que se habría de votar por Héctor García Rodríguez, profesionista al que difícilmente le pudo descalificar.

En sus discursos, Benítez Ojeda dejo en claro que la atribución de los diputados de votar finalmente a favor de quien más les agrade, más allá de si cumple o no con los requisitos o es un buen perfil, será una cuestión que pueden tomar a discreción los legisladores.

Quizá se pueda impugnar esa decisión, pero de alguna manera, así está organizado el sistema. García Rodríguez, afectado por esa decisión en la que no hubo argumento bien sustentado para rechazarlo, puede recurrir a un tribunal, pero la verdad, sería sólo patentizar aún más que la división de poderes está ahí presente.

En algún momento, Benítez Ojeda fue claro y dijo en la Comisión de Justicia, que era finalmente una decisión prácticamente a contentillo de los diputados, aprobar o no la propuesta, y efectivamente lo fue, pues prácticamente García Rodríguez no contó, al menos con evidencias en la mano, con impugnación alguna.

En las famosas redes sociales se hizo alusión al periodo en el que García Rodríguez fue delegado en Coahuila, alrededor de hace seis años, sin embargo, podemos dar por hecho que si el expediente del exdelegado de la PGR, hubiera quedado manchado con algún proceso, el mismo se habría ventilado precisamente para sustentar el rechazo.

Por lo demás, el PRI no tiene una sólida unidad, pues los panistas se quedaron cortos en poder lograr la aprobación, ello gracias a que no todos los priistas respaldaron a Benítez.

En el PAN, quizá vale la pena también revisar la actuación del grupo parlamentario, pues es toda una duda, cómo se comportó al menos un elemento del grupo.

Gina Campuzano González, legisladora panista, se ausentó de la votación, porque dijo tener problemas de salud, ya que se encuentra en proceso de realizar unos análisis.

Aunque en entrevistas la legisladora subrayó no haber acudido por cuestiones de salud, subsiste en los corrillos políticos la versión de que hay un trasfondo político en su falta.

Se puede especular mucho sobre el tema, pero como en el trabajo diario entrevistamos a Campuzano González y nos afirmó que su ausencia se debió a una cuestión médica, creeremos en la legisladora.

Los elementos anteriores son los que de alguna manera sobresalen en el marco de la discusión y rechazo de la propuesta del Fiscal Anticorrupción, que bien se pueden tomar como parte de la normalidad de la división de poderes existente, ahora sí, en la entidad.

Quienes pregonan una falta de operadores, en buena medida tienen como marco de referencia el pasado cuando un partido era hegemónico, y eso le permitía imponer la voluntad del Ejecutivo estatal.

En buena medida quienes demandan que todo lo que propone el Ejecutivo se apruebe, están anclados al pasado.

En una democracia, para bien o para mal, así funcionan las cosas, a veces se logra que los diputados coincidan con una propuesta del ejecutivo y todo sale bien, pero en otras no es así, y no pasa nada. No se acaba el mundo.

 

PERSECUSIÓN MAGISTERIAL.

Por segunda ocasión, el magisterio de Durango sufre del acoso y el hostigamiento para llevar a los docentes a la evaluación de desempeño, bajo prácticas que se sustentan en la discresionalidad total, lo cual engendra todo tipo de anomalías.

Manifestación de profesores

Aunque en campaña se ofreció a los profesores del sistema educativo de Durango que habría cambio y se evitaría incurrir en anomalías en el examen de desempeño, incluso en algún momento se prometió evitar esa evaluación, lo cierto es que la cacería esta en marcha.

Personal de la Secretaría de Educación del Estado de Durango recorre los planteles escolares para notificar a los profesores que serán evaluados, en una actividad sin sustento pues debería de ser personal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación quienes deberían realizar ese procedimiento.

Más aún, para evitar suspicacias, e incluso un manejo que tienda a corromper el propio examen, se requeriría de informar en primera instancia cuáles son las directrices mediante las cuales se determina quien deberá de presentar la evaluación.

Al igual que ocurrió en el 2015, no existe ningún tipo de criterio establecido para determinar cómo se selecciona a quienes habrán de acudir a presentar su examen.

En otras entidades como en Sonora, se realizó un sorteo general al cual pudieron acudir el magisterio en su conjunto y ahí se procedió a nombrar, al azar, quienes serían los profesores evaluados.

En Durango simplemente acude personal de la Secretaría y, sin que nadie tenga idea de cómo se llegó a la selección se procede a intentar notificar al profesor sobre su examen.

La negativa de algunos docentes se presenta al igual que hace dos años, y la zozobra aparece nuevamente contra el magisterio cuyo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido incapaz de defender a sus miembros.

De forma arbitraria se selecciona a quienes serán evaluados, y se evita por supuesto incluir a las “vacas sagradas”, esos personajes que por mucho tiempo han gozado de ser “comisionados” o  en casos aún más graves, ser simple y llanamente “aviadores”.

Esos sujetos pomposamente muchas veces “comisionados” desempeñan cualquier función menos estar frente a un salón de clases, y subsisten gracias a la protección de personajes ligados a líderes sindicales o bien de grupos políticos.

La Secretaría de Educación del Estado de Durango se encamina a una encrucijada en donde habrá de perder e impactará sin duda la imagen del gobierno en general.

La Secretaría de Educación Pública habrá de lavarse las manos y, como ocurre con el problema de docentes sin pago desde hace un año y tres meses, los únicos que pagarán el costo político serán las autoridades locales.

La autoridad federal quedará como hasta ahora libre del reclamo de los docentes sometidos a la evaluación que carece de reglamentación y normatividad que otorgue un mínimo de certidumbre a los docentes que van nuevamente sin recibir capacitación como lo obliga la ley.

CIERRE ARBITRARIO?

Hay quienes defienden el proyecto de convertir en corredor peatonal la calle Fany Anitua, y aunque pudiera ser positiva la medida, lo cierto es que, la acción gubernamental carece de la intervención de la sociedad pues la idea es una imposición gubernamental.

No surgió de la sociedad, no hubo un ciudadano involucrado en el tema y su origen se remite a un funcionario municipal. Muy seguramente se habrá de realizar, y quedará el testimonio de la falta de congruencia entre el gobierno ciudadano y la realidad.

ESCENARIOS DEL 2018.

hombre y casilla.

Apenas los duranguenses nos acabamos de acomodar, tras el suceso inédito de la alternancia, cuando los tambores de guerra vuelven a sonar para preparar la elección federal del 2018, en la que por vez primera viviremos una elección concurrente.

Paralelo a la elección federal que implica salir a votar por un nuevo Presidente de la República, senadores y diputados federales, en el ámbito estatal se podrá votar por los 25 legisladores locales, los cuales podrán buscar su reelección.

Así, a la complicación de votar por representantes federales, ahora por vez primera los duranguenses deberemos de analizar por cuál legislador podríamos votar de nueva cuenta para que se pueda reelegir.

Sin duda alguna, con base en cómo se desarrolle la elección a la Presidencia de la República se habrá de definir en buena medida las votaciones para los senadores, diputados federales y ahora locales.

La experiencia nos dicta que en ocasiones anteriores, la gente vota por las formulas a diputados federales o senadores, según impacte la campaña en la presidencia de la República.

Así, por ejemplo en el año 2000 y 2006 se llegaron a observar resultados atípicos, pues candidatos a diputados o bien aspirantes al Senado de la República que carecían de posibilidades de triunfo, lograban ganar en buena medida como un acto reflejo del comportamiento de los duranguenses en la elección presidencial.

Quizá el año más paradójico en esa materia fue en el 2000, cuando nadie daba un céntimo por los candidatos de oposición, y de pronto al ganar el PAN la Presidencia de la República, algunos aspirantes sin posibilidades de triunfo, llegaron por inercia a los cargos de elección popular.

Es sumamente difícil, a prácticamente un año de distancia, dar un pronóstico de cómo habrán de quedar los resultados en el estado de Durango, pues si bien el descalabro que sufrió el PRI al quedar fuera del Gobierno estatal los dejó fuera totalmente de ser electos en una elección, conforme ha pasado el tiempo, y han asimilado la derrota, se ha abierto una nueva ruta, un reordenamiento y reagrupamiento que les podría alcanzar para ser competitivos en el próximo año.

El triunfo en el Estado de México, en donde el senador y exgobernador Ismael Hernández Deras desarrolló estrategia para apuntalar el triunfo de Alfredo del Mazo, ha dado aliento a una parte del priismo duranguense.

Sin embargo, el priismo impulsado desde la región lagunera, a través de la alcaldesa de Gómez Palacio Lety Herrera, se apresta para enfrentar al priismo asentado en la capital del país, y que lidera el Senador.

Mientras más rápido ellos definan, más tiempo tendrán los priistas para lograr su reagrupamiento, pues al menos desde el ámbito local deberán de enfrentar a un panismo envalentonado tras el triunfo electoral de 5 de junio del año pasado.

Entre el panismo existe cierta confianza en lograr refrendar triunfos electorales que se registraron el 5 de junio del 2016, e inclusive, a diferencia del pasado, hay cierta disposición para apuntalar al Gobernador con acuerdos que permita resolver rápido la definición de candidatos para abocarse a la elección abierta.

Hoy como nunca el PAN tiene posibilidades de afianzar su triunfo electoral, pues buscará dominar el Congreso del Estado, que es el bastión desde el cual el PRI ha logrado cierta resistencia y reagrupamiento.

Al gobernador José Aispuro y al PAN le urge poder controlar el Congreso del Estado, pues en la lógica partidista, de darse esa circunstancia, se podría transitar con mayor facilidad en gobernar, sin embargo los priistas seguro darán la pelea para evitar desaparecer ahora del Poder Legislativo.

 

MONUMENTO A FRANCISCO DE IBARRA.

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Francisco de Ibarra, fundador de la ciudad de Durango cuenta finalmente con un monumento, ello luego de poco más de 450 años que se realizó el trazo de nuestra localidad que tanto orgullo debe de motivarnos.

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La estatua que evoca a de Ibarra se colocó en uno de los nuevos cruceros que tiene Durango, y es, seguramente un reconocimiento a un personaje trascendente en la vida de nuestra ciudad que tanto nos ha dado a quienes vivimos aquí.

El 29 de junio pasado, por unanimidad, los regidores que conforman el cabildo, aprobaron la instalación del monumento, mismo que finalmente fue inaugurado el 8 de julio.

En redes sociales hubo una discusión sobre la viabilidad de la colocación o no del monumento, y sobre el particular es necesario señalar la conveniencia de establecer la estatua como parte de un proceso de un reconocimiento de la identidad de los duranguenses.

La fundación de la ciudad es indudablemente un momento importante y trascendente de quienes vivimos en Durango, y es plausible el reconocer una de las raíces que tenemos como pueblo.

Habrá quienes argumentarán la necesidad de contar con un monumento o reconocimiento a la raíz indígena que se tiene en Durango y en el país, en donde debemos reconocernos como resultado de esos dos importantes elementos como son los españoles y los indígenas.

Los duranguenses y los mexicanos resultamos de la mezcla de los españoles y los indígenas, rechazar o descalificar ese crisol es como negarnos a nosotros mismos.

Difícilmente, quienes habitamos la ciudad de Durango carecemos en nuestros antecedentes familiares alguien que haya sido español o bien indígena, eso es un hecho indiscutible.

Durante muchos años, la propaganda oficial reconoció única y exclusivamente la raíz indígena de los mexicanos y negó sistemáticamente las raíces españolas, aun cuando heredamos la lengua y otras expresiones culturales e incluso en buena medida la religión.

En el caso de Durango han pasado más de 450 años para que Francisco de Ibarra cuente con una estatua que lo reconoce como el fundador de la ciudad, lo cual resulta importante para lograr compaginar y aceptar nuestras raíces.

El cabildo encabezado por el alcalde José Ramón Enríquez Herrera, finalmente hizo su esfuerzo para lograr el reconocimiento de ese elemento que forma parte de la identidad de los duranguenses.

En Plaza Fundadores, en la celebración del 450 aniversario de la fundación de Durango, se colocó una placa conmemorativa, con un relieve sumamente interesante en donde igual se denota la presencia indígena, así como el símbolo de los misioneros franciscanos, esos que hasta ahora siguen en misión en la región indígena del sur de Durango y norte de Nayarit.

Está claro que los ciudadanos duranguenses somos en su mayoría mestizos, ni españoles, ni indígenas, sino una fusión de esas de las que ahora se habla mucho.

Una ciudad, una nación que logra conciliar sus orígenes tiene en buena medida resuelto su planteamiento sobre cómo debe de impulsar su crecimiento, su desarrollo y su futuro.

Reconocernos como herederos de dos culturas se ha podido dar en la alternancia, pues antes bajo los regímenes priistas siempre se impulsó y se estableció como verdad absoluta eliminar la raíz española y sólo se reconoció la indígena, como si todos, o la mayoría de los ciudadanos, fuéramos indígenas no mestizos.

Enhorabuena por quienes desde el Gobierno municipal han impulsado el reconocimiento al fundador de Durango. En buena medida, Durango tiene su origen en ese momento de nuestra historia.

 

MINERÍA EN CONFLICTO.

La minería en Durango vive un ciclo de convulsión, tal es el caso del cierre presuntamente definitivo de la mina Cerro de Mercado, mientras que entre febrero y abril se desarrolló una huelga en Tayoltita.

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De manera directa la mina Cerro de Mercado implica para la ciudad de Durango mil trabajadores directos y otros 500 indirectos, entonces el cierre representa un fuerte golpe a la economía local, que desde el 19 de mayo suspendió actividades, por lo que existe una parálisis desde hace 47 días en el área.

El paro de actividades en esa mina se suma al que se vivió en la mina Tayoltita en donde el sindicato también emprendió una huelga que se prolongó del 15 de febrero al 13 de abril, oficialmente casi dos meses.

En ambos casos el conflicto minero impacta de forma directa al empleo e indirectamente presiona la producción duranguense de metales preciosos, mientras que en Cuencamé se vivió tensión en últimas fechas pues se llevo a cabo un recuento por la titularidad del contrato colectivo.

Todos y cada uno de los casos anteriores muestra un deterioro en la relación laboral y urge a la autoridad federal, y por supuesto a la estatal, a intervenir para en la medida de lo posible prevenir una escalada mayor de conflictos en las relaciones entre obreros y patrones.

Los conflictos antes citados han manchado sin lugar a dudas el historial que tenía Durango, en donde se había vuelto algo raro que se llegaran a registrar huelgas, lo que permitía ofertar a la entidad como un lugar ajeno a los pleitos entre los trabajadores y los empresarios.

Para bien o para mal ese elemento que antes se podía poner en la mesa de la negociación para atraer empresas ha quedado un tanto desgastado pues sólo en el presente año se han registrado dos conflictos importantes en materia laboral en las minas.

Paradójicamente Ramón Dávila, Secretario de Desarrollo Económico, quien tiene contacto con empresarios para alentar inversiones, viene precisamente del sector ahora en crisis como es la industria minera.

Dávila fue hasta antes de incorporarse en la administración estatal un importante directivo en una empresa minera, y pese a esa experiencia sus gestiones para aligerar la descomposición de la relación entre patrones y obreros en el sector minero ha quedado sin mayor repercusión.

Sin lugar a dudas existe una reposicionamiento de los sindicatos mineros en la entidad, y la prueba está en los conflictos de Cerro de Mercado y Tayoltita, lo cual impacta necesariamente en la economía duranguense.

Aunado a dichos conflictos se encuentra latente las reivindicaciones ejidales lanzadas en los municipios de San Juan del Río, con ejidatarios de Otilio Montaño, así como en el ejido La Sierrita en el municipio de Tlahualilo.

En ambos casos los ejidatarios han demandado incrementar el pago que reciben por arrendar sus tierras, y en el caso del segundo municipio las demandas han sido sustentadas ante el presunto acaparamiento del agua en perjuicio de los habitantes pues el líquido presuntamente sería usado en la actividad de la extracción de mineral.

Es sumamente complejo el tema minero cuando desencadena conflictos como los que ahora se observan en los puntos antes mencionados, si bien, el tema de los ejidos está latente, puede tomar fuerza ante lo que se vive directamente en Cerro de Mercado y Tayoltita.

Como sociedad nos debe interesar un desarrollo armonioso que evite la explotación del trabajador, soslayando en lo posible el encontronazo que, por los hechos, se presume se vive en la entidad.

 

DURANGO, MENOS CORRUPTO.

Los actos de corrupción en los que incurrieron los servidores públicos durante los trámites que desarrollan las empresas en Durango, fueron apenas 561 casos por cada 10 mil unidades económicas, según una encuesta de Inegi.

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La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que por primera ocasión elabora Inegi en el país, permitió conocer que los burócratas duranguenses, contra lo que se pudiera pensar, son poco dados a corromperse.

El tema debe ser subrayado, pues nos permite revalorar el trabajo desarrollado por los burócratas duranguenses y de manera implícita la labor desarrollada por la población duranguense.

De entrada, entre los encuestados la percepción es que la corrupción es menos frecuente entre los servidores públicos duranguenses, pues así lo estiman el 75.9 por ciento, lo cual queda muy atrás respecto a las valoraciones que se dan en estados vecinos.

En Coahuila, el 80.2 por ciento señala que existen actos de corrupción, en Chihuahua el 84 por ciento, en Sinaloa el 85.3 por ciento y en Zacatecas el 87.8 por ciento.

Únicamente el estado vecino de Nayarit reportó un porcentaje inferior al que se encontró en Durango, pues apenas el 62.3 por ciento considera que sus burócratas incurrieron en actos de corrupción durante los trámites que realizan las unidades económicas.

La misma encuesta refiere que por cada 10 mil unidades económicas se detectaron 621 actos de corrupción, dato que es el tercero más bajo del país, pues apenas es superado por los escasos 552 casos reportados en Querétaro por cada 10 mil unidades o bien los 579 casos registrados en Nuevo León por cada 10 mil unidades económicas.

El dato anteriormente expuesto nos debe hacer sentir todavía mejor, pues pareciera ser que nuestros trabajadores al servicio del estado, que realizan trámites, están en buena medida ajenos a pedir algún pago por los trámites que se realizan en las oficinas gubernamentales.

Entidades como Querétaro o Nuevo León por supuesto que se pueden tomar como líderes en los avances del país para lograr superar la corrupción, pues en la primera entidad ha sido mínima su vinculación con escándalos de corrupción, mientras que en el segundo estado si bien se han reportado casos de corrupción, también se ha dado paso al combate luego que se vivió una alternancia con un candidato a gobernador independiente.

La información sobre los bajos niveles de corrupción que encontró la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del que se desprende datos que ponen en un buen lugar a Durango, sin lugar a dudas deben difundirse, pues es intentar impulsar las cosas positivas que tenemos como sociedad.

Aunado a esa promoción, debe haber también el llamado a redoblar el esfuerzo entre los servidores públicos, todo por el bien de la propia comunidad.

Para acrecentar el sentimiento de orgullo que pueda haber y que puede propiciar sinergias positivas entre la población, el Gobierno debe también ahondar en el deslinde de responsabilidades sobre aquellos exfuncionarios de alto nivel que hayan incurrido en acciones anómalas en perjuicio del erario público.

No podemos olvidar, y se debe evitar, dejar sin llamar a cuentas a aquellos empresarios que se hayan involucrado para transar y enriquecerse a consta del recurso público.

Esto es, no debemos olvidar que Durango requiere en lo posible dejar la casa limpia y alentar que persista la limpieza, pues de mantener esa conducta tendremos resultados positivos, entre ellos que el recurso pueda rendir más y que los Gobiernos no queden maniatados debido a que la corrupción se puede comer los recursos que deben de ser invertidos en beneficio de la población y no de unos cuantos.